A fin de impulsar el tratamiento de un proyecto de ley especial que permitirá agilizar la regularización de tierras de Antebi Cue, que abarca los departamentos de Amambay y Concepción, y solucionar otro caso emblemático de las tierras de Chino Cue, en Alto Paraná, el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), Abog. Horacio Torres, se reunió esta mañana con la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural de la Cámara Alta, presidida por el senador Blas Lanzoni.
El titular del ente agrario, desde que asumió el INDERT, expresó su preocupación por la deuda de 105 millones de dólares del instituto, en concepto de expropiación o adquisición de tierras. En ese sentido, mencionó el caso de las tierras de Antebi Cue. » Desde el Senado, estamos queriendo impulsar esta ley especial. Este caso nos preocupa porque está ocasionando una erogación muy grande al Estado paraguayo. Se trata de tierras que prácticamente no sirven para reforma agraria», sostuvo.
Por ello, Torres realiza reuniones permanentes con las Comisiones de Reforma Agraria de ambas Cámaras del Congreso Nacional, a fin de trabajar conjuntamente y conseguir la media sanción del referido proyecto de ley especial en el presente año.
Explicó que esto permitirá que en 2019 el instituto pueda hacer el relevamiento de esas tierras, venderlas y transferirlas a los no sujetos de la reforma agraria, que las usufructúan desde hace 20 años, sin aportar ni un peso al Estado.
Añadió que de las ganancias que resulten de este procedimiento, el ente agrario las ingresará a su patrimonio. «Esto significará una inyección de dinero bastante considerable, que nos ayudará a saldar nuestra deuda de 105 millones de dólares e invertir en el desarrollo de las colonias relegadas», señaló.
Caso Chino Cue
Otro de los puntos abordados en la reunión fue el caso Chino Cue. Al respecto, Horacio Torres informó que también busca contar con el respaldo del Congreso Nacional y la Procuraduría General de la República, para responder a la demanda de pobladores de la zona, quienes le solicitaron su intermediación para pagar sus tierras a un precio social. «Buscaremos una salida y solución, al respecto», aseguró.
«El caso tiene que ver con la expropiación de una fracción de 3000 Ha., a Gs. 400 mil la Ha., que se sumaron a otras 7000 Ha. que ya se habían adquirido en el lugar, durante una administración anterior, a Gs. 14 millones la Ha., las que suman un total 10 mil Ha. Ante esta situación, existe una diferencia muy grande de precios, que un grupo de los colonos del lugar no puede pagar por sus tierras», explicó.