La Procuraduría General de la República obtuvo un resultado histórico en el fuero penal, al quedar firme la sentencia que obliga a policías y proveedor a pagar ₲ 1.101.104.900 (guaraníes mil ciento un millones, ciento cuatro mil novecientos) que fueron malversados en la adquisición irregular de carne vacuna.
Es importante resaltar que es la primera vez que el Estado paraguayo logra una condena por responsabilidad civil, derivada de un hecho punible, que obliga a varios ex funcionarios que han incumplido los deberes, a resarcir con su propio patrimonio el daño causado al Estado.
La Procuraduría General de la República ha conseguido que quede firme la sentencia favorable de fecha 02 de marzo de 2017 emanada del Juzgado Penal de Sentencias Nº 16, con respecto a la acción civil para la reparación del daño que promovió en el fuero penal, en contra de autoridades superiores y funcionarios de la Policía Nacional que participaron en la comisión de un delito que ha afectado gravemente el patrimonio público, en complicidad con sujetos particulares y titulares de una empresa que proveía bienes y servicios a dicha entidad pública.
Los antecedentes del caso refieren que el reclamo del Estado paraguayo tiene su origen en la causa penal caratulada “Francisco Benítez y otros sobre lesión de confianza”, que ha concluido con el dictado de la Sentencia Definitiva Nº 152 de fecha 20 de agosto de 2012, por la cual el Tribunal de Sentencia competente integrado por los Jueces Gloria Hermosa de Correa, Sandra Farías y Héctor Capurro, resolvió condenar a penas privativas de libertad y declaró civilmente responsables a los ex funcionarios de la Policía Nacional, Hermes García Balmaceda (Jefe del departamento de Intendencia), Juan Silverio Melgarejo Villalba (Girador del departamento de Intendencia, Carlos Sánchez Cano (Girador del departamento de Intendencia), Francisco Benítez Figueredo (Ayudante del departamento de Intendencia) y al ciudadano Milciades Dionisio Sanabria Cantero (propietario de la firma MS Import-Export).
En ese sentido, el Tribunal de Sentencia determinó que los mencionados funcionarios han participado dolosamente en la contratación irregular para la compra de carne vacuna fresca al gancho destinadas a las jefaturas del interior del país para todo el ejercicio 2003 con la firma proveedora MS Import-Export, causando una cuantiosa sobrefacturación e injusto menoscabo al patrimonio de la Policía Nacional al haberse pagado a la citada empresa por 276.444 kilos de carne, aunque en realidad se comprobó que el representante de la firma, en connivencia con los citados funcionarios policiales, permitieron que no ingresara la cantidad de 180.509 kilos de carne a lasdistintas dependencias de la Policía Nacional, produciéndose así un perjuicio económico de ₲ 1.101.104.900 al Estado paraguayo.
Estos ciudadanos a través de sus abogados defensores, han planteado todos los recursos disponibles en la ley, siendo todos rechazados por los órganos judiciales superiores por improcedentes. De esta manera, la Sentencia Definitiva Nº 35 de fecha 02 de marzo de 2017, que declaró válido el reclamo del Estado paraguayo, obtuvo el estado de firmeza mediante el dictado del Auto Interlocutorio Nº 2089 de fecha 17 de septiembre de 2018, emanado de la Sala Constitución de la Corte Suprema de Justicia, y el Acuerdo y Sentencia Nº 771 de fecha 25 de octubre de 2019, emanado de la Sala Penal de dicho alto órgano judicial, que han rechazo la acción de inconstitucionalidad y el recurso extraordinario de casación planteados por las defensas, respectivamente.
