El Centro Nacional de Coordinación de Propiedad Intelectual, fue presentado en un acto llevado a cabo en la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), y contó con la asistencia de la titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Liz Cramer, autoridades de las instituciones que integran el centro e invitados a la presentación.
La constitución de este centro fue aprobada por el Poder Ejecutivo, mediante Decreto N° 3074 de fecha 18 de diciembre del cte. año Que crea el Centro Nacional de Coordinación de Propiedad Intelectual, dio nacimiento al organismo encargado de desarrollar e implementar el Plan Nacional Estratégico para la Protección y Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en el Paraguay, y que busca aunar y coordinar acciones de las instituciones del Poder Ejecutivo, cuyas funciones, se vinculan y afectan al ejercicio de los Derechos de Propiedad Intelectual.
La citada repartición responde a la necesidad de fortalecer la defensa efectiva de los Derechos de Propiedad Intelectual, mediante la coordinación interinstitucional que potencie la implementación de medidas de alto impacto, en cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos por el Plan Nacional de Propiedad Intelectual, aprobado por el Decreto N° 7132/17 del Poder Ejecutivo. La creación del Centro responde, además, a los compromisos que el Paraguay ha asumido en el marco de numerosos convenios y acuerdos internacionales para el combate de la piratería y la falsificación, en favor del mercado local, regional y mundial.
Las diez instituciones que integran el Centro Nacional, son: la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), en calidad de coordinadora; el Ministerio de Industria y Comercio (MIC); la Policía Nacional (PN); el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE); la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DNVS); el Ministerio de Información, Tecnología y Comunicación (MITIC); el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE); la Dirección Nacional de Aduanas (DNA); la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO) y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL); quienes además de desarrollar el Plan Nacional de protección y observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, deberán implementarlo a través de la coordinación de las siguientes acciones tendientes a combatir la piratería y la falsificación: propiciar el diálogo y la colaboración con los Podres Legislativos y Judicial, así como instituciones de otros países de la región; crear y mantener una base de datos y estadísticas; proponer mecanismos de control para impedir el ingreso al país de productos que violen los derechos de propiedad intelectual; proponer la planificación de operaciones especiales, investigaciones e inspecciones en puertos, aeropuertos y puestos fronterizos; fomentar la capacitación de funcionarios públicos involucrados en la lucha contra violaciones de derechos de Propiedad Intelectual y coordinar campañas educativas dirigidas a los consumidores para la prevención de violaciones de los Derechos de Propiedad Intelectual, entre otras.
Se resalta que la DINAPI ha llevado a cabo 336 procedimientos, desde el inicio de la nueva administración, liderados por la Dirección General de Observancia, impidiendo el ingreso y circulación de productos falsificados o piratas por un valor superior a los 20 millones de dólares. Estos datos reflejan, solo en parte, la magnitud del problema, la cual exige medidas concretas y eficaces a corto y mediano plazo que desalienten dichas conductas, con el fin de fortalecer la industria nacional, brindar mayor seguridad al comercio interno, proteger a los trabajadores, además de asegurar calidad en los productos a los que accedan los consumidores.
Teniendo en cuenta que la piratería y la falsificación se encuentran penados por ley, por tanto, son actividades ilegales que afectan gravemente al país desde distintos aspectos: 1- Fomentan el trabajo informal, lo cual repercute en el trabajador y su familia, al no estar protegido en sus derechos laborales: salarios justos, seguridad social, entre otros. 2- Genera competencia desleal que afecta directamente a la industria nacional y desalienta las inversiones privadas. 3- Promueve la evasión impositiva, lo cual provoca una diminución de la recaudación del Estado y consecuentemente, el avance en infraestructura y programas en beneficio de la ciudadanía. 4- Perjudica a los consumidores, quienes adquieren productos de mala calidad, afectando directamente su vida, su salud y su seguridad. 5- Las consecuencias negativas de estos hechos punibles se extienden más allá de los límites de la Propiedad Intelectual, ya que se ha constatado en numerosos casos que estas conductas se encuentran vinculadas al crimen organizado, siendo fuente de financiación para crímenes como la trata de personas, el contrabando, el tráfico de drogas y el lavado de dinero. Por lo tanto, es imperiosa la necesidad de redoblar los esfuerzos para disuadir la comisión de estos hechos punibles, y a la vez generar una nueva cultura de consumo de productos seguros y de calidad.