De 97 proyectos presentados en el 2018 en el ámbito privado, 78% representaron a inversiones locales, mientras que el 22% a inversiones extranjeras, totalizando alrededor de 182 millones de dólares en inversiones para todo el país.
Dichas inversiones además de generar mano de obra, contribuirán al desarrollo de las economías de las localidades que serán beneficiadas con los respectivos proyectos. La mayoría de las propuestas fueron del sector industrial, agropecuario y uno correspondía al sector de minas y canteras.
Un total de trece departamentos más capital forman parte de la lista para las inversiones, siendo Central, Alto Paraná y Asunción las que contarán con la mayor cantidad de inversiones privadas.
Gracias a la asistencia sobre la calidad en la formulación y la predisposición de las instituciones en cumplir con las observaciones realizadas por los evaluadores de la Dirección General de Inversiones de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP), ha permitido que los proyectos sigan avanzando el proceso del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), a fin de que los mismos se conviertan en realidad y contribuyan al desarrollo del país.
La STP forma parte de consejos interinstitucionales donde se presentan, evalúan y dictaminan iniciativas de inversiones privadas, principalmente en lo relacionado a beneficios fiscales, en base a leyes sobre inversiones privadas.
Las leyes que enmarcan la participación de la STP en materia de inversiones privadas son: la Ley 60/90 “de régimen de incentivos fiscales para la inversión de capital de origen nacional y extranjero” y la Ley 1064/97 “de la industria maquiladora de exportación”, esta última con rectoría del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).
En ambos casos la STP cuenta con voz y con voto en lo relacionado a todas las decisiones vinculantes a las mencionadas inversiones.
La Ley 60/90 “de régimen de incentivos fiscales para la inversión de capital de origen nacional y extranjero”, se centra en los incentivos fiscales de capital destinado a inversiones privadas, donde el consejo de inversiones es el encargado de dictaminar favorablemente, rechazar o solicitar nuevas informaciones a los solicitantes.