La hoja de ruta educativa de nuestro país dirigida a una reforma sistémica para el año 2030 fue destacada hoy por el ministro de Hacienda, Benigno López, durante su intervención en un panel llamado “Plataforma mundial para fortalecer los sistemas de financiación de la educación”, llevado a cabo en Washington, Estados Unidos. El mismo se dio en el marco de la reunión conjunta del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En el transcurso de su ponencia, el secretario de Estado refirió que se encuentran realizando un gran esfuerzo para desarrollar la hoja de ruta del ámbito educativo, a fines de lograr una reforma. Dijo que el objetivo es crear un pacto nacional para noviembre del 2020, mediante la hoja de ruta, co-creada y legitimada no solo por expertos del sector, sino también por representantes del sector privado y la sociedad civil en general.
En ese sentido, precisó que trabajan en seis dimensiones particulares: desarrollo profesional, adaptación curricular, tecnología de información y comunicación, gobernanza y administración, investigación y evaluación, y financiamiento. Agradeció el apoyo de este grupo para la ambiciosa iniciativa, ya que tienen en cuenta la experiencia internacional y crear alianzas para proyectos de aprendizaje permanente.
Además, el ministro López comentó que en el año 2012 fue creado un fondo fiduciario de USD 1.000 millones con una duración de 10 años para promover la investigación y la innovación, así como servicios educativos de calidad. Este fondo asigna recursos además del presupuesto nacional de educación y, por Ley, solo puede utilizarse para iniciativas específicas.
Además, dado que el fideicomiso tiene un ingreso garantizado que no depende de la recaudación de impuestos, se pueden centrar en la planificación a más largo plazo y evitar la presión de ejecutar todos los programas dentro de un año calendario (como es el caso del Presupuesto nacional).
Finalmente, añadió que el Fondo para la Excelencia en Educación e Investigación (FEEI) está conformado por cinco ministros y ocho representantes de la sociedad civil, que ayuda a garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos y proporciona diferentes perspectivas sobre la mejor manera de asignar nuestros fondos.
